Entre las acciones judiciales que esta área de trabajo ha llevado recientemente destacan los recursos para revocar las órdenes de expulsión de las personas migrantes que han ingresado al país por pasos no habilitados. Una labor que se realiza desde las oficinas que el SJM tiene en Arica, Antofagasta y Santiago.
El Área Jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) tiene como principal meta brindar atención y orientación jurídica a las personas migrantes y refugiadas que lo requieran y se articula a través de una labor conjunta realizada desde las oficinas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Santiago, pues en cada una de ellas existe una responsable a cargo.
De acuerdo con Constanza Salgado, abogada de la oficina del SJM Santiago, “el trabajo del área en las tres regiones se dedica en gran parte a la atención jurídica de casos, existe un protocolo interno para trabajarlos. En primer lugar, las personas son atendidas por el Área Social y desde ahí se derivan al área jurídica, así como nosotros podemos informarnos sobre quienes llegan al área social y captar casos relevantes con los que podamos trabajar”.
Como señala la abogada, al SJM llegan “los llamados ‘casos de laboratorio’, esos que ninguna otra entidad quiere representar porque son complejos. Así, por ejemplo, nos llegan solicitudes que no se han resuelto en mucho tiempo, por demoras en Extranjería. Antes teníamos solo casos de migración, pero desde el 2018 vemos además casos de solicitantes de refugio”.
Otra labor importante que realiza esta área son las charlas tanto a personas migrantes como a la población de acogida sobre derechos laborales. “Y en este último período estamos dando charlas a las personas que ingresan de manera irregular para que sepan qué significa haber ingresado por un paso no habilitado”, agrega Salgado.
Casos y aliados
En el SJM se atienden casos ligados a vulneración de derechos sostenida en el tiempo, “principalmente por parte del Estado, ahí es que trabajamos en acciones que se puedan estar tomando y que vulneran los derechos de las personas, esto lo realizamos en conjunto con otras instituciones para incidir en las políticas públicas y con el objetivo final de cambiar las políticas migratorias”, afirman desde la oficina de Santiago.
Actualmente y en contexto del ‘Plan Colchane’ el mayor foco de los casos está concentrado en “el ingreso por paso no habilitado de niños, niñas y adolescentes (NNA), en estos tenemos que analizar qué hacemos, si es que se pueden crear mesas de trabajo para estudiar acciones judiciales, o nos unimos con otras organizaciones, pues este tipo de casos está siendo un punto fundamental para nuestra área”, asevera Salgado.
La profesional explica que debido a las medidas sanitarias por el Covid-19 “los casos llegan al SJM a través de la plataforma MigrApp y por medio de instituciones con las que tenemos un convenio y que puedan derivar algún caso. Trabajamos de la mano con otras instituciones como Pro Bono, el estudio jurídico Guerrero Olivos y estamos en constante comunicación con otras entidades a las cuales derivamos casos que no son de nuestro conocimiento”.
Además de contar con convenios con otros estudios jurídicos, la oficina de Santiago del SJM es miembro de la Mesa de Litigio Estratégico en Movilidad Humana, conformada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las Clínicas Jurídicas de las universidades Diego Portales (UDP) y Alberto Hurtado (UAH), y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana en la que permanentemente se levantan problemáticas que se puedan llevar de manera conjunta.
Los procesos de regularización y más
El tipo de representación que entrega el área jurídica del SJM “depende de lo que necesite la persona. A alguien que ingresa por paso no habilitado se le dicta una orden de expulsión, que luego debe revocar ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) para poder comenzar su proceso de regularización y tramitar la solicitud de refugio. Entonces, una vez que se revoca esta orden de expulsión la persona tiene dos alternativas la tramitación de un visado o iniciar el proceso de solicitud de refugio, esto dependerá netamente de lo que requiera el caso”, recalca la abogada.
Las solicitudes de refugio son otro tipo de caso relevante que llega al SJM, pues este es un proceso difícil para quienes vienen de países en que se vulneran los derechos humanos. Para la organización este también es un trabajo importante que consta de acompañar a las personas, de orientarlas y darles representación jurídica.
Como parte de la labor del SJM igualmente, se incluye la presentación de acciones administrativas y judiciales. “En el último tiempo las acciones judiciales son nuestro fuerte, estamos constantemente haciendo alegatos en las Cortes de Apelaciones en la zona norte de Chile y en Santiago y en la Corte Suprema, que son quienes han ayudado a resolver los casos de las personas migrantes y refugiadas más que el DEM”, indica Constanza Salgado.
La profesional explica que las acciones administrativas son aquellas a las que se recurre, previo a la instancia judicial, a la entidad correspondiente ya sea al DEM, a alguna Intendencia o Gobernación, para que se analice el caso de regularización y este se pueda resolver. Por lo que, si estas instituciones no resuelven favorablemente, se acude a las acciones judiciales de representación, por medio de recursos de amparo y protección.
El Área Jurídica de la oficina de Santiago presentó el jueves 18 de marzo un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Arica para revocar la expulsión de 16 personas, de las que 13 son ciudadanos venezolanos, dos dominicanos y un ciudadano cubano, “fue un amparo colectivo. En paralelo llevamos dos acciones de representación vinculadas a solicitudes de regularización ante el Ministerio del Interior que no han sido resueltas en un año, por lo que decidimos recurrir a la corte frente a la falta de respuesta del DEM”, subraya Salgado.
Cabe destacar que en lo que va de este mes, “como área jurídica, del SJM Santiago, hemos presentado tres recursos de amparo para revocar órdenes de expulsión, todos resueltos favorablemente. Desde que iniciamos esas acciones judiciales en el año 2019 hemos tenido un buen resultado”, cierra la abogada.
El trabajo de Arica y Antofagasta
Desde la puerta norte de Chile, Daniella Brondi, Responsable Área Jurídica de la sede de la región de Arica y Parinacota del SJM, explica que, en el actual contexto de ingreso de personas migrantes por la frontera, “el SJM es la única institución que brinda asesoría y representación jurídica en la región, por medio de la presentación de recursos de amparo por los ingresos a Chile por paso no habilitado”.
De igual forma, las políticas migratorias y sus consecuencias “que son vividas por quienes acaban de llegar al territorio nacional son explicadas por el SJM”, agrega Brondi.
Es así como las acciones, como los recursos de amparo “que tienen la finalidad de dejar sin efecto las órdenes de expulsión, se suman a otras labores importantes como la observación, la asesoría jurídica en la frontera y a nuestra participación en los procesos de repatriación en contexto del Covid-19, así como a la colaboración, por parte de nuestra oficina a la elaboración del Informe de Frontera del SJM en los últimos dos años y la asistencia y representación judicial a los solicitantes de asilo en Chile”, subraya la abogada del SJM Arica.
A su turno Camila Banda, Responsable Área Jurídica de la sede de la región de Antofagasta del SJM, destaca la el trabajo de interposición de acciones judiciales para los casos de solicitantes de refugio, pues “desde el 20 de marzo de 2020 las oficinas del DEM de la Gobernación Provincial de Antofagasta están cerradas, lo que está imposibilitando el ingreso al procedimiento de la condición de refugiados en nuestro país”.
Lo anterior, a juicio de la experta provoca que “se deba cumplir un rol informador hacia nuestros usuarios, como también la judicialización de aquellos casos donde la propia autoridad no da cumplimiento al procedimiento establecido en la ley”, también releva otra labor realizada por la oficina de la II Región que corresponde a “la convocatoria a la Mesa Jurídica de Migración y Refugio de la Región, que reúne a instituciones como el INDH, la Fundación Apoyo a las Iglesias Cristianas (FASIC), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Defensoría Penal Pública (DPP), la Corporación MigrAcción, la Casa de la Diversidad y la Clínica Jurídica de la Universidad Católica del Norte (UCN), con quienes nos juntamos una vez al mes para discutir estrategias jurídicas y buenas prácticas en nuestras entidades, como también los desafíos que nos presenta el actuar de la autoridad migratoria en la región”, cierra la responsable del SJM Antofagasta.
Por Tamara Zamorano
