La ley es una propuesta de Sebastián Piñera que impulsó bajo el lema de «ordenar la casa» y busca modernizar la regulación migratoria más antigua de Suramérica.
El Parlamento chileno avanzó este miércoles (30.09.2020) hacia la aprobación de una polémica Ley Migratoria -que propuso el conservador Sebastián Piñera para endurecer las fronteras y frenar la creciente ola de migración irregular- y que ha recibido críticas de la oposición y la sociedad civil.
La ley -que todavía debe ser ratificada por la Cámara Baja- es una propuesta que el presidente llevó a cabo durante su primer mandato (2010-14) bajo el lema de «ordenar la casa», y busca modernizar la actual regulación migratoria chilena, la más antigua de Suramérica.
¿Por qué es tan polémica esta ley?
La polémica giró en torno a varias disposiciones de la oposición que proponían la creación de una visa que permitiera ingresar al país para la búsqueda de oportunidades laborales. La propuesta fue rechazada por el oficialismo, quedando impuesta la condición de ingresar a Chile con un visado consular -excepto en el caso de los turistas- y prohibiendo lo que el Gobierno calificó como «turismo laboral».
«El objetivo es que el derecho que tienen las personas a migrar se haga de una forma regular, que se gestione desde el país de origen para evitar la problemática que daña a los que entran de una manera ilegal», afirmó el ministro del Interior, Víctor Pérez -que intervino durante la votación en el Senado- en consonancia con lo que había declarado a la prensa días anteriores.
Mientras que para el oficialismo esta nueva ley es la vía para enfrentar este fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras termina siendo la causa de que las personas migrantes crucen por pasos no habilitados. «El aumento de la migración irregular es consecuencia de la actual política migratoria que no logra una armonía. Me parece muy grave que se intente decir que esta ola tenga relación con la discusión de esta ley», aseguró la senadora socialista, Isabel Allende.
En Chile -un país que hasta el inicio de las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica- hay 1,4 millones migrantes, lo que equivale a más del 7 por ciento de la población. Las personas venezolanas son las más numerosas, seguidas de peruanas, haitianas y colombianas, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM). En tanto, la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (BITRAP) estima que en lo que va de año más de 5.000 migrantes han ingresado al país de forma irregular.
La aprobación de esta nueva ley significaría la renovación de la actual política migratoria chilena -diseñada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando el país apenas recibía personas migrantes- y que se ha ido actualizando con los años, pero sin grandes cambios estructurales.
Fuente: DW