La nueva ley exige obtener visas en los países de origen con el fin de evitar que extranjeros ingresen a Chile como turistas y cambien su estatus migratorio para buscar trabajo.
El gobierno de Chile promulgó este domingo (11.04.2021) la nueva ley de migración y extranjería, que tardó ocho años en aprobarse y que reemplazará la normativa de 1975. Esta Ley provocó rechazo y críticas de la oposición y de organizaciones promigración por imponer una mayor «rigidez» fronteriza.
«El objetivo es poner orden en nuestra casa a través de una política ordenada, segura y regular», «permitir la migración legal y combatir la inmigración ilegal», “No queremos que ingrese a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes”, expresó el Jefe de Estado, valorando el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas en la frontera norte. «Quienes intenten ingresar clandestinamente no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión”, agregó.
Con estas palabras, el jefe del estado estigmatiza a todos los migrantes que por una u otra razón no puedan aplicar a una visa con las normas establecidas.
Mientras que para el oficialismo esta nueva regulación es la vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras desembocará en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
Se han hecho bastantes señalizaciones acerca de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No hay una protección a la niñez cuando ésta acompaña a una persona que es retornada y expulsada y además desconoce la competencia que tienen los tribunales de familia para adoptar las medidas de protección que correspondan.
“Esta ley envuelve otros perjuicios que provocaran muchas dificultades y es que a partir de la promulgación la ley da un plazo de tres meses a las personas que están irregulares en el país para irse, no para regularizarse. Hay instancias para la regularización, pero las exigencias y normas son casi imposibles de cumplir, es decir al final deben abandonar el país y para poder entrar nuevamente, deben solicitar las visas en consulados de cada país de origen del migrante. De la misma forma es bastante grave la no posibilidad de tener políticas migratorias que permitan la regularización continua como lo indican todas las políticas migratorias de la región”.
La Ley de Migración y Extranjería entrará en vigencia cuando se encuentre disponible el Reglamento de Migraciones que deberá elaborar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El plazo para ello es de un año desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.
hoy la situación de la población migrante en el país es crítica, sobre todo, en el marco de la crisis sanitaria “la pandemia agravó” lo que ya existía: “El migrante tiene menos redes de las que habitualmente tiene alguien que nació en Chile (…). Amplios sectores de la migración no han podido realizar el aislamiento requerido, las cuarentenas requeridas, porque hay que salir a trabajar para ganarse la vida todos los días y poder comer. La disyuntiva ahí ya no está entre el COVID- 19 o quedarse en la casa, sino que la disyuntiva es si come mi familia o no.
La promulgación de la ley se produce en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte con Bolivia, donde en febrero y marzo se registró la entrada irregular de más 1.000 inmigrantes, lo que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más de 7% de la población. Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Varias organizaciones ya se unieron para denunciar ante instituciones internacionales sobre lo fragilidad de la migración en Chile.
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