Por Eve Crowley, representante para FAO en Chile; Fabio Bertranou, director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina; y Richard Custodio Velázquez, jefe de la misión OIM Chile

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El reciente flujo migratorio hacia Chile ha tenido impactos diversos en la sociedad, en particular en el ámbito laboral. Las zonas agrícolas, que han tenido una tendencia a la reducción de la ocupación laboral nacional, han recibido a cientos de personas migrantes que encuentran en el campo chileno una oportunidad donde emplearse.
Sin embargo, esta inserción no ha estado exenta de dificultades. El reciente estudio desarrollado por las Naciones Unidas a través de sus agencias FAO, OIT y OIM, llamado “Inserción laboral de los trabajadores migrantes en el sector rural en Chile”, explora este fenómeno, y los diferentes elementos que influyen en los altos índices de informalidad y precariedad del empleo agrícola.
Desde hace años que el campo chileno presenta mayores condiciones de precariedad laboral, lo que ha convertido a la ciudad en un destino mucho más atractivo para las y los trabajadores locales.
Es así como el estudio constata que las y los trabajadores migrantes están desarrollando tareas que los no migrantes no están disponibles para realizar, lo mismo que ocurrió hace algunos años con el empleo de las trabajadoras de casa particular en el área urbana. Además, señala que, a pesar de haber oportunidades de trabajo en el campo, a menudo este ofrece menores remuneraciones y está sujeto a mayores riesgos de salud, informalidad y subempleo.
Ante este escenario, la entrega oportuna de visas, la coordinación interinstitucional, la orientación permanente al trabajador migrante en el uso de los servicios públicos y la provisión de información y asesoría, han probado ser claves para regularizar la situación de las personas migrantes y para apoyarles en su inserción productiva.
Para poder resolver las graves carencias de trabajo decente de los trabajadores migrantes del sector agrícola, es necesario avanzar en propuestas de políticas públicas que acojan las diversas realidades con las que se enfrentan los inmigrantes en Chile.
Dichas políticas deberán apuntar a la mejora en la entrega de información, reducción de las discriminaciones, aprovechar las potencialidades y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas para con los inmigrantes, junto a una mayor fiscalización de las condiciones laborales de la población migrante en Chile.
Por último, en el contexto de la pandemia por Covid-19, urge la necesidad de desarrollar protocolos que aseguren la seguridad y la salud en el trabajo de las y los trabajadores del sector, tanto nacionales como migrantes; de la mano con el reforzamiento institucional que garantice tanto el cumplimiento de las normas laborales, como el acceso de los trabajadores del sector a las protecciones y prestaciones de las instituciones laborales y de la seguridad social, como el seguro de cesantía.
Tal como consigna la Agenda 2030, la clave de un futuro sostenible implica “no dejar a nadie atrás”, por tanto, es imprescindible visibilizar y reconocer el aporte de las y los trabajadores migrantes, para que se les incluya tanto en las medidas de respuesta a la crisis como en aquellas que ayudarán a enfrentar la recuperación.

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Publicado el

octubre 1, 2020

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